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Abuso policial: cambian los protocolos, pero no la violencia

28 octubre, 2020 by Redacción La Tinta

El Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL) es una organización política de derechos humanos constituida para luchar contra la represión del Estado. Emiliano Santellán Vaira, integrante del FAL, brindó una entrevista a Radio Tortuga 92.9 acerca de la situación del abuso policial en Córdoba, a pocos días de un nuevo caso de gatillo fácil que se cobró la vida del joven Joaquín Paredes en la localidad de Paso Viejo.

Por Diario Tortuga

Emiliano Santellán Vaira, integrante del Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL), relató que este espació se conformó “en relación a una militancia antirrepresiva que hay acá en Córdoba que, en realidad, tiene bastante historia”, frente “al aparato represivo del Estado: la policía, pero también la cárcel…”, ejemplificó. En este contexto, el militante aseguró que, recientemente, estos espacios tomaron la decisión de organizarse en un nuevo entramado para luchar contra la represión de manera colectiva “que es muy necesario acá en Córdoba”, afirmó.

A sólo días del asesinato del joven Joaquín Paredes a manos de las fuerzas policiales en la localidad de Paso Viejo, en un nuevo caso de gatillo fácil, el Gobierno de la Provincia de Córdoba anunció la presentación de un “nuevo protocolo” que busca regular el accionar policial.

Consultado sobre esto, Emiliano manifestó que los cambios normativos no siempre implican un cambio en los modos de actuar de las fuerzas de seguridad: “La verdad es que los protocolos han ido cambiando, de hecho, justamente incluso la figura legal ha ido cambiando”, manifestó en relación a la figura del “merodeo” que se encontraba vigente en el antiguo “Código de Faltas” de Córdoba. Sin embargo, el militante explicó que “aunque han borrado la figura del merodeo, sostienen todavía no sólo la práctica de la detención arbitraria y el ‘verdugueo’ y que te paren, y que te pidan el DNI o que te suban al patrullero para llevarte a tu barrio (…) Todavía los pibes sufren”, sentenció.

De esta manera, desde el Frente Antirrepresivo, desconfían de los cambios anunciados por el Gobierno de la Provincia en materia de protocolos a la hora de impactar sobre el accionar represivo: “Cuando nosotros decimos que no es un solo policía, sino toda la institución, es porque entendemos que ellos cumplen una función específica. Sin ir más lejos, el ministro Mosquera anunció una cúpula policial y, ocho meses después, la tuvo que cambiar por el escándalo de Valentino Blas Correa”, recordó Emiliano.

Acerca de qué posibilidades hay de que se lleve adelante un verdadero cambio en las fuerzas policiales de la provincia, el militante afirmó “no apostamos a que haya cambios reales porque es una cuestión de que la función va a seguir siendo la misma”, y manifestó que “sí hay otras reformas que por ahí serían súper necesarias e importantes que no tienen que ver con la policía, sino con la justicia”, al referirse a las magras sentencias que han recibido policías condenados por asesinatos de jóvenes, como en el caso de Lucas Ruchi, según ejemplificó Santellán Vaira, que fue de tres años de cárcel: “No le podés dar a un policía que mató a un pibe por la espalda dos años de cárcel, tres años de cárcel”, afirmó.

Además, el entrevistado se refirió a los diversos casos de gatillo fácil que se acumulan en la provincia de Córdoba: En 2020, la violencia policial ya se ha cobrado ocho víctimas por fusilamiento, siete dentro del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, con veintiún policías imputados, “pero todavía están todos los otros casos, por ejemplo, en los que la policía también dispara y hiere de gravedad a estos pibes, pero como no los mata, no hay imputación”, expresó el militante.

Santellán Vaira se refirió también a la mirada de los medios de comunicación sobre los diversos modos de la violencia institucional, que buscan generar un “aval social” frente a estos hechos, como así también a diversos ejemplos del entramado entre la clase política y el modelo de seguridad represiva que sigue cobrándose vidas de ciudadanxs en todo el territorio nacional.

Más información: Instagram del Frente Antirrepresivo en Lucha.

A continuación, la entrevista completa a Emiliano Santellán Vaira, integrante del Frente Antirrepresivo en Lucha, en el programa “Que no se te escape” de Radio Tortuga 92.9.Reproductor de audio

sobrre el trabajo infantil

Trabajo infantil

El trabajo infantil priva a los niños de su infancia y perjudica su desarrollo físico y psicológico.

Se considera trabajo infantil toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo (16 años).

FORMAS DE TRABAJO INFANTIL


Delito

El trabajo infantil está prohibido en la Argentina y constituye delito penal:


  • con penas de hasta cuatro años de cárcel,
  • sanciones administrativas más elevadas,
  • con multas de hasta el 2000% del salario mínimo vital y móvil por cada niño o niña que trabaje y
  • la incorporación del empleador infractor al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.

Cuidamos el presente, hacemos el futuro

Desarrollamos el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente 2018-2022.CONOCÉ EL PLAN


Mitos y creencias a derribar en torno al trabajo infantil

Prevenir y erradicar el trabajo infantil implica revisar las ideas y conceptos sostenidos de generación en generación en la sociedad y que invisibilizan la problemática.

“Es mejor que los niños trabajen a que estén sin hacer nada.”

El ocio es necesario para desarrollar la creatividad, el descanso y el juego.

“Es mejor que un niño trabaje a que esté robando.”

La relación entre trabajo infantil y delincuencia es falsa.

“El trabajo dignifica al hombre.”

El trabajo es un valor para los adultos. El trabajo infantil empobrece, vulnera, oprime, aliena y muchas veces mata.

“Si un niño trabaja va a estar mejor preparado para conseguir empleo de adulto.”

El trabajo infantil interfiere la escolaridad, que es la mejor herramienta de inserción social y laboral.

“Las niñas que realizan tareas domésticas en el hogar no están trabajando.”

Cuando las tareas domésticas implican asumir responsabilidades de adulto es una forma de trabajo infantil.

“Los niños tienen mejores condiciones para realizar ciertos trabajos.”

Justificación de los empleadores para usar mano de obra infantil que es más fácilmente explotable.

INFORMATE MÁS SOBRE LOS MITOS


¿Sabías que en América Latina?

12,5 millones

de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años están en condición de trabajo infantil.

Fuente: IPEC (2013), OIT, Ginebra.77%

de esos niños, niñas y adolescentes realizan trabajos peligrosos.

Fuente: IPEC (2013), OIT, Ginebra.FISCALIZACIONES PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Los derechos del niño

CRC 1 por Quino

UNICEF/Quino19 Noviembre 2018

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

CRC 2 por Quino
UNICEF/Quino

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

CRC 3 por Quino
UNICEF/Quino

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

CRC 4 por Quino
UNICEF/Quino

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

CRC 5 por Quino
UNICEF/Quino

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.

CRC 6 por Quino
UNICEF/Quino

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.

CRC 7 por Quino
UNICEF/Quino

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

CRC 8 por Quino
UNICEF/Quino

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.

CRC 9 por Quino
UNICEF/Quino

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

CRC 10 por Quino
UNICEF/Quino

El niño debe ser protegido contra las práticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

Justicia por Blas

La isla de la muerte azul

4 septiembre, 2020 by Redacción La Tinta

Por Alexis Oliva para Sumario

“Prohibido detenerse o el centinela abrirá fuego”, advertían elocuentes carteles a quienes en tiempos dictatoriales transitaban por la ruta entre Córdoba capital y La Calera, frente al comando del Tercer Cuerpo de Ejército. A la inversa y sin aviso, en la Córdoba democrática del siglo XXI no detenerse ante un control policial -por la causa que fuera- puede depararle al infractor terminar con un balazo de plomo en la espalda.

“Hoy mi vida está destrozada, pero elijo ser fuerte por vos y para vos… Hay miles de porqués que no logro entender. ¿Por qué te arrebataron la vida quienes juraron protegerte? ¿Por qué no te atendieron en la clínica en tus últimos minutos de vida? ¿Por qué maltrataron a tus amigos de la forma en que lo hicieron? ¿Por qué no nos dijeron nada a mamá y a mí cuando llegamos y te vimos envuelto en esa bolsa blanca adentro del auto? ¿Por qué esa noche había tantas preguntas y pocas respuestas? ¿Por qué intentaron ensuciar la escena? ¿Por qué intentaron manchar tu nombre con mentiras? ¿Por qué esos policías tenían armas en sus manos? ¿Por qué nos quisieron hacer creer que cambiando dos policías de la cúpula todo esto estaba resuelto? ¿Por qué se manejaron con tanta impunidad? ¿Por qué se tiene que movilizar tanta gente para que esto no se olvide ni se repita? ¿Cambiará esto en algún momento? ¿Habrá más Blacitos en la historia de Córdoba? ¿Sufrirá alguien más el dolor que estamos atravesando mi familia y yo? Espero que algún día estas preguntas sean resueltas por quienes deban responderlas, que se haga justicia, que esto no quede en un triste recuerdo. Que tu asesinato, hermanito querido, sirva para que nadie más pase lo que estamos pasando”.

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(Imagen: La tinta)

Eso decía Juan Correas, al finalizar la masiva marcha en reclamo de justicia por su hermano, Valentino Blas Correas, de 17 años, muerto por un balazo policial el 6 de agosto en el centro de Córdoba. El chico iba con cuatro amigos del colegio en auto por avenida Vélez Sársfield al 4.500. Luego contarían que dos motociclistas intentaron robarles y por eso aceleraron hacia el centro y no se detuvieron en un control policial. Los policías les dispararon. El auto recibió al menos cuatro impactos de bala. Uno ingresó por la luneta trasera y dio en la espalda de la víctima. El amigo que conducía aceleró y lo llevó al sanatorio privado Aconcagua, donde se negaron a atenderlo. Camino al Hospital de Urgencias los interceptaron dos patrulleros. Blas ya estaba muerto.

En un primer momento, fueron imputados los cabos de la Policía de la Provincia de Córdoba Lucas Gómez y Javier Alarcón -acusados de homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego- por la muerte del joven -y también de homicidio calificado en grado de tentativa- porque los disparos realizados “a matar” pusieron en peligro las vidas de los otros cuatro chicos que acompañaban a Valentino en el auto. Días después, la agente Wanda Esquivel, fue acusada de encubrimiento agravado. Y luego la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez y el subcomisario Sergio Alejandro González, por encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público.

Al día siguiente del homicidio, el Ministerio de Seguridad reemplazó a los comisarios Gustavo Piva (Dirección General de Seguridad Capital), Rubén Turri (subdirector de la Zona Norte) y Gonzalo Cumplido (subdirector de la Zona Sur). Así, el costo institucional alcanzó un par de eslabones hacia arriba en la cadena funcional, pero no afectó a los de responsabilidad política. “Esperaba un gesto de humanidad de (Juan) Schiaretti”, dijo Soledad Laciar, la madre de Blas, al finalizar la marcha por su hijo. Al cierre de esta edición, el Gobernador todavía no había recibido a su familia.

A su vez, el fiscal José Mana también ordenó allanar la Clínica Aconcagua, donde no quisieron atender a Blas. Ahí se secuestró una computadora con la lista de los empleados que estaban trabajando durante la madrugada del 6. Cerca del auto en que viajaban los adolescentes se encontró un viejo revólver calibre 22, que las pericias demostraron que no funcionaba. Para la fiscalía “no hubo ningún tipo de intercambio de disparos” y al revolver lo “plantaron” los policías.

Lo mismo había sucedido en el caso de Fernando Alberto “Güeré” Pellico (18 años), baleado y muerto por la espalda el 26 de julio de 2014 cuando transitaba en moto con su primo –también herido de bala– por Los Cortaderos, en barrio los Bulevares Anexo de Córdoba capital. En el juicio en que fueron condenados a prisión perpetua el sargento primero Rubén Alfredo Leiva y el agente Lucas Gastón Chávez, se demostró que las víctimas no estaban cometiendo ningún delito ni contravención y estaban desarmadas, que cuando el móvil policial ya estaba en custodia alguien le disparó para simular un tiroteo y que momentos después del crimen Leiva había intentado conseguir en el barrio un arma de fuego, para “plantar” en la escena del crimen. Un “perrito”, como se le dice en la jerga a esa oportuna ferretería.

Gatillo alegre, fácil, sin ley…

En las policías argentinas, el “gatillo fácil” es una práctica con larga historia. A principios del año 1968, los adolescentes Carlos Alberto Rodríguez Fontán (16) y Luis Seijo (15) fueron ametrallados por una comisión policial de la Comisaría de Florida, cuyos integrantes luego alegaron que habían tomado a los menores por delincuentes prófugos.

Tiempo después, en el Periódico de la CGT de los Argentinos se publicó un artículo en el que el periodista Rodolfo Walsh escribía: “Así como hay apenas media docena de chistes básicos que admiten infinitas variaciones, la crónica policial bonaerense registra media docena de historias que pueden tomarse de modelo. Una de ellas es la siguiente: ‘En horas de la noche de ayer, una comisión de la comisaría primera de tal lugar observó a varias personas en actitud sospechosa. Al acercarse a interrogarlos, fueron recibidos por una descarga cerrada, generalizándose un tiroteo a cuyo término encontraron heridos de muerte a N. N., con antecedentes por robo, y X. X., cuya identidad se procura establecer. Junto al cadáver de uno de los malhechores se halló un revólver 38 con dos cápsulas servidas’”.

“Si admitimos que los antecedentes los pone la policía, y el revólver también –seguía el artículo-, esta historia cotidianamente admitida por todo el mundo es la misma historia de los menores Seijo y Rodríguez Fontán. Con la sola diferencia -que los matadores ignoraban en el momento de apretar el gatillo- de la edad y la condición social de las víctimas. Pero es un hecho que la comisaría de Florida inventó delincuentes a posteriori, y “encontró” un revólver. Parece que la consigna fuera tirar primero y averiguar después”. Ese artículo de Walsh se titulaba “La Secta del Gatillo Alegre”.

El 8 de mayo de 1987, el suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda y los cabos primeros Isidro Romero y Jorge Miño de la Policía bonaerense mataron a tres jóvenes que bebían cerveza en una esquina de Ingeniero Budge, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Agustín Olivera (26), Roberto Argañaraz (24) y Oscar Aredes (19) fueron las víctimas la llamada “masacre de Ingeniero Budge”. El abogado y militante León “Toto” Zimmerman, quien representó a las familias y logró -tras una condena leve apelada hasta la Corte Suprema- que los victimarios fueran condenados a once años de prisión, acuñó la expresión “gatillo fácil”, definición argentina del asesinato policial por abuso de arma de fuego.

La cultura de la impunidad

Especialista en violencia institucional y uno de los coordinadores del Seminario Introducción al Análisis de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Lucas Crisafulli aporta una mirada institucional, histórica y política sobre el problema de la seguridad y el abuso policial: “Siempre que un hecho que afecta a la Policía logra instalarse social y mediáticamente -en este caso, el asesinato de un joven a manos de policías-, la respuesta institucional es cambiar a González por Rodríguez. Siempre el hilo se termina cortando por lo más delgado. A veces se hacen cambios más drásticos, cuando cambian los ministros de Seguridad, y a veces más leves, cuando cambian mandos medios de la fuerza policial, como en el caso actual. Sin embargo, nunca se cuestiona qué está dispuesta a hacer la Policía para que estos casos no se repitan. Esto no tiene que ver con cambiar un comisario mayor o incluso un ministro. En realidad, lo que se requiere es un abordaje integral de la política de seguridad en Córdoba: de qué manera producimos seguridad eficiente y efectiva sin violentar derechos humanos”.

“Es válido preguntarnos qué de la cultura institucional de la Policía, de su formación en las escuelas pero también del trabajo cotidiano, termina legitimando este tipo de hechos”, plantea Crisafulli. “Aquí hay un elemento clave (y de hecho hay una policía detenida por eso) para pensar: el plantar armas. En la idea de plantar armas en los hechos de muertes por violencia institucional, claramente hay una representación del policía, cuando sale a la calle, de que puede suceder que mate ilegalmente a alguien, y por eso tiene un arma guardada como un resguardo, más allá de que termine siendo una pésima estrategia. No se trata de buenos o malos policías; se trata de elementos de la cultura institucional y el diseño institucional de la Policía que no han recibido mayores reformas desde 1983 para esta parte”, destaca.

Para la tesis de su doctorado en Semiótica, Daniela Spósito estudió el modelo y los discursos oficiales en torno a la seguridad en Córdoba, basados en el paradigma punitivo, desde el cual “la delincuencia se combate con mayor presupuesto en control represivo -más mano dura y zero tolerance policy o políticas de tolerancia cero- antes que generando un más equitativo acceso a la riqueza. Se trata de una visión del mundo que criminaliza la pobreza -la juvenil, en particular-, como lo demuestran los trabajos de (Loïc) Wacquant y (Rossana) Reguillo, y supone el achicamiento del aparato estatal, relegándolo a sus meras funciones de seguridad (entendida como control social) y punitivas”.

A pesar de que “el punitivismo, el gatillo fácil y la llamada ‘doctrina Chocobar’ (el policía que mató por la espalda a un asaltante en fuga y fue recibido y felicitado por el expresidente Mauricio Macri) son antecedentes nacionales, la de Córdoba es una de las peores policías del país”, dice a Sumario la investigadora. Y conjetura: “Además de la adhesión al modelo del Manhattan Institute y la tolerancia cero, quizás también tenga que ver con esa composición social que vota a Macri, justifica linchar gente y apoya a los ‘corralitos’ para presos que utilizaba la Policía provincial”.

Ser joven y (sobre)vivir en un barrio popular

El crimen de Blas Correas sucedió un mes y dos días después de otro caso de “gatillo fácil” con desenlace fatal. José Antonio Ávila, un trabajador de 35 años, murió en la madrugada del 4 de julio en barrio Villa El Libertador, baleado en el pecho por dos policías de la División Motocicletas. Los cabos primeros Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez fueron detenidos y la fiscal Eugenia Pérez Moreno les imputó los cargos de homicidio doblemente agravado por la función y el uso de arma de fuego, además de la acusación de abandonar a la víctima y no reportar el hecho.

“No era un choro, era un hombre de trabajo. No lo auxiliaron, no informaron a sus superiores qué había pasado, no hubo persecución porque su moto estaba bien estacionada en esa casa y no tenía armas encima, dijeron Gabriela Jaime, su pareja y mamá de sus hijos, y Luis Ávila, el padre de José Antonio, quienes a pesar de su dolor se sumaron a la marcha en reclamo de justicia por Blas Correas”, relata Tito Guzmán, cronista de la radio comunitaria FM Sur de Villa El Libertador, quien también integró la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.

Además, señala que “a Gabriela Jaime nadie del poder político de Córdoba, de los ministerios de Seguridad o Gobierno, ni de los altos mandos de la Policía, le hizo un llamado aunque sea para expresarle un pésame”. Una vez más, en la isla cordobesista de la tolerancia cero, la brutalidad policial parece tener un costo político cero, sobre todo cuando de barrios populares y víctimas humildes se trata.

Para Spósito, la tolerancia cero se materializa en el territorio en un peligroso paradigma indicial, que “observa síntomas: expresiones, gestos, pieles, modos de caminar, de hablar, cortes de pelo, miradas, sutilezas que desde un ojo sospechante naturalizan creencias basadas en conjeturas” y se traducen en discrecionalidad y excepcionalidad, que en muchos casos habilitan al policía a disparar. A su vez, esta vigilancia predelictiva presentada como prevención encubre un racialismo hacia ese otro sospechoso, “una discriminación dirigida a un sector de la población: nativos con rasgos indígenas o mestizos y también inmigrantes de países limítrofes como Bolivia, Paraguay y Perú, venidos de sus lugares de origen en busca de trabajo”.


Desde su experiencia como periodista comunitario, Guzmán resume: “Hay un riesgo permanente en lo que significa vivir en un barrio popular de Córdoba, ser joven y no tener un mínimo de confianza en la Policía cordobesa. Quienes hacemos comunicación comunitaria hemos hecho muchísimas crónicas de casos como estos, pero no debemos dejar de asombrarnos, indignarnos, cansarnos y pedirles respuestas al poder político”.


En Córdoba, nombres como Güeré Pellico, Franco Amaya, Andrés Carreras, Raúl Ledesma, Exequiel Barraza, Lautaro Torres, Martín Carrizo, Pablo Navarro, Miguel Torres… se inscriben en una historia casi naturalizada, “cotidianamente admitida por todo el mundo”, como escribía Walsh, porque un sector de la sociedad apoya el abuso policial como parte de una política de seguridad que cree eficaz, cuando en realidad multiplica la violencia y la muerte. Para ese sector que banca y vota la mano dura, tal vez el caso de Blas Correas sea un baño de conciencia. Y para toda la comunidad, un punto de inflexión para hallar las respuestas que su hermano demanda, un punto de partida para cumplir su anhelo de un futuro sin más Blas asesinados por balas policiales.

*Por Alexis Oliva para Sumario / Imagen de portada: Sumario. 


El autor es Periodista. Escribió el libro “Todo lo que el poder odia”. Investigó en Córdoba para los libros de Horacio Verbitsky, Doble Juego – La Argentina católica y militar (2006), Cristo Vence (2007), La violencia evangélica (2008), Vigilia de armas (2009) y La mano izquierda de Dios (2010).

Nicolás Baron Miño otro caso de gatillo facil

24 de agosto

ABUSO POLICIAL EN CÓRDOBA

Nuevo caso de gatillo fácil en Córdoba

Sucedió el viernes pasado en la ciudad de San Francisco. Nicolás, la víctima recibió un disparo en la cabeza, sobrevivió y pudo denunciar este nuevo caso de brutalidad policial.

Rafael Catalano

Foto El Periódico San Francisco

Nicolás Baron Miño es un trabajador de la construcción de 23 años, el viernes pasado, luego de visitar a su hijo recién nacido se dirigió al hogar de un amigo. A la vuelta de su casa, en barrio Jardín de la ciudad de San Francisco, fue parado por una pareja de policías que iban en un patrullero. Cuando Nicolás pidió que lo traten con respeto, los policías comenzaron a escalar en sus maltratos hasta llegar a dispararle en la cabeza. El joven trabajador sobrevivió y pudo relatar lo sucedido.

En declaraciones al medio El Periódico de San Francisco, Nicolás señaló que “Yo salía para la casa de un amigo, le iba a preguntar sobre un videojuego. Y ahí yo veo que estaba el Comando. Me apoyo en el camión del vecino, que es el tío de él, en la casa de al lado, y me pongo a hablar. Y como que el Comando me embiste a mí. Viene, me pregunta, ya se baja con malos tratos. Me dice ’salí de ahí’ y ya me agarra del brazo, me lleva para la calle y me empuja contra el móvil. Yo asustado, no sé por qué, pero en eso que se descuidan yo agarro y me voy, porque ya me habían agarrado con malos tratos y yo pensaba que me iban a llevar y no sabía por qué. En eso hago 15 o 20 metros me dispararon. Y seguí corriendo por el miedo, la adrenalina, no sé»

En tanto, la madre de Nicolás, Silvia Miño, en una entrevista en el programa de Dante Leguizamón de Radio Universidad de Córdoba señalo que, al ver a su hijo ensangrentado, y mientras esperaban la ambulancia, el patrullero pasaba por el frente de la casa a baja velocidad, sin frenar, hasta que llegó la ambulancia y por fin se bajaron. El suboficial, Elías Zarate, ante la requisitoria de la madre de por le había disparado le respondió “porque me faltó el respeto”. Nuevamente la policía ostentando toda su impunidad, recordemos que, hace pocos días, se conoció que un policía noqueo de cuatro trompadas a otro joven porque lo habría insultado. Es la propia Silvia quien hizo la denuncia en la jefatura local.

La explicación de la pareja de policías, Elías Zarate y Myriam Toranzo, fue que lo habían confundido con otro joven que habría estado huyendo de un control policial. O sea, de ser cierta esta versión, buscaban otro caso como el de Blas Correas, extraña defensa es la que ensayan ambos policías que, se encuentran en situación pasiva con una reducción en su salario.

Nicolás paso el fin de semana internado en el Hospital Iturraspe de esa localidad del este provincial, y tiene tres puntos en la cabeza, tiene que sanar el cuero cabelludo luego de un hematoma que se le formó. Luego de eso Nicolás dice tener miedo ya que no sabe que le pueden hacer la policía.

En la provincia de Córdoba se multiplican las denuncias sobre casos de abuso policial, profundizados por el empoderamiento que les da el gobernador Schiaretti. Este accionar tuvo su mayor expresión en el asesinato de Blas Correas, y deja a la luz un entramado de encubrimiento policial que incluye el plantar armas para simular enfrentamientos y testimonios de autoridades policiales para confirmar la versión de los agentes policiales.

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Ya son al menos cinco los jóvenes asesinados desde marzo hasta hoy por balas policiales, según las denuncias de abusos es pura casualidad que ese número no sea el doble. Este jueves, en la ciudad de Córdoba se realizará la sexta marcha contra el gatillo fácil, respetando las medidas de distanciamiento social, como parte de una jornada nacional.

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Estar viva no debería ser un logro

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Duele Jujuy: basta de silencios

2 octubre, 2020 by Redacción La Tinta

Esta semana, las calles de Jujuy se llenaron con un amplio repudio por los femicidios y desapariciones de mujeres. El miércoles pasado, en medio del aislamiento social obligatorio, más de 9.000 personas marcharon en distintos puntos de la provincia. La situación es intolerable: en 22 días, hubo 4 femicidios y el gobierno de Gerardo Morales deliberadamente no hace nada para prevenirlos.

Por Redacción La tinta

11 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, desde el inicio del año 2020 en Jujuy. La provincia también ha ocupado las noticias por su mal manejo de la política sanitaria durante la pandemia, una política genocida de dejar morir y no asistir. Al parecer, esa es la forma general en la que se gestiona la vida desde ese Estado provincial.

Asambleas feministas, organizaciones sociales, referentes del arco político e instituciones civiles han expresado mucha preocupación por el incremento de la violencia machista y femicida durante la cuarentena. Repudiaron la ausencia del Estado jujeño en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas, así como la falencia de la justicia y una nula política en materia de género.

En los últimos 22 días, hubo 4 femicidios. Iara Rueda tenía 16 años, apareció asesinada en un descampado de la ciudad de Palpalá. Cesia Reinaga, de 20 años, fue estrangulada en Abra Pampa, están acusados un hombre y su hijo, dueños de un multimedio. Gabriela Cruz, de 24 años, había desaparecido la misma semana que Iara y fue asesinada por su pareja. Rosana Mazala, de 31 años, fue asesinada por su pareja en la ciudad de Perico. Era madre de tres hijxs y había participado de la marcha que pedía por el esclarecimiento del crimen de Iara.

Desde la Asamblea Feminista de Jujuy, sostuvieron que “las niñas, adolescentes y mujeres no somos prioridad de Morales, del ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, de la titular del Consejo de la Mujer local, Alejandra Martínez, ni de toda su cúpula misógina, machista y violenta”.


En diálogo con La tinta, Cecilia Cruz de Awkasisa de Jujuy comentó que “estamos indignadas y abatidas, con mucho dolor y tristeza. Pero también mucha rabia. Hoy, amanecimos otra vez con la triste noticia de que han encontrado el cuerpo de Gabriela. En medio de la marcha del día martes, nos enteramos de otro femicidio, de la compañera Roxana. Estamos hartas y hacemos responsable al Estado que no actúa en tiempo y forma, al igual que la justicia que no actúa y se burla de la angustia de las familias. Las falencias por parte del gobierno provincial son notables, desde el primer día que desapareció Iara, este no actuó. La familia y la comunidad de la ciudad de Palpalá se organizaron para hacer el rastrillaje”.


Cecilia explicó: “El miércoles pasado recién, salió un informe del Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia que habla sobre los femicidios. Sabemos que lo único que hacen es hacer proyectos u otras cosas de mostrador, pero no actúan y no dicen lo que está pasando”.

Ese mismo día, hubo una marcha inmensa fruto del cansancio y hartazgo de la población. “Necesitamos que se declare la Ley de emergencia en violencia de género, denunciamos al Ministro de Seguridad Ekel Meyer que no hizo, al Gobernador Morales que no informó y no actuó. Y también a Alejandra Martínez, del Consejo de la Mujer, que, a principio de año, dijo que en la provincia no existía el femicidio. Solamente están ahí haciendo su circo de campaña. No actúan, no acompañan a las familias, no movilizan a la policía ni a la justicia para buscar a las jóvenes, pero sí nos reprimen”, afirmó.

“Cuando nos enteramos de lo que pasó con Iara, con todo el dolor, hemos cortado la ruta nacional N° 66 y fuimos reprimidas. Estábamos con niños y niñas, y no les importó nada. Y en la localidad de Palpalá, también hubo represión con balas de goma, nuestras compañeras terminaron heridas. Esa es la justicia hoy en Jujuy, para eso está el Ministro de Seguridad, para levantar balas, amedrentarnos y meternos miedo, cuando nosotras estamos pidiendo justicia”.

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Este jueves pasado, otra marcha masiva se realizó en Palpalá, en donde confluyeron muchas organizaciones, familiares y toda la comunidad. Se movilizaron desde diferentes puntos de los barrios para visibilizar la situación a nivel nacional. Pidieron apoyo y que se tomaran las medidas necesarias, porque temían la represión del gobierno de Morales. Luego de las masivas marchas, el gobernador anunció que creará un comité de actuación para casos de desapariciones de mujeres “e, incluso, se atrevió a decir ‘seguimos levantando la bandera del Ni una Menos”’.

Además, agregó Cecilia que “ni lerdo ni perezoso, aprovechó para retomar la discusión respecto de bajar en la edad de imputabilidad, ya que uno de los femicidas es un menor de 16 años. Quiso debatir un nuevo sistema penal juvenil y que no sólo se empiece a discutir sobre la baja de la edad de imputabilidad, sino un nuevo sistema que no tenemos en el país, pero que arranca con la imputabilidad a los 14 años”.

No hay cuarentena que detenga a la violencia machista y el patriarcado, pero tampoco podrá acallar nuestras voces que, al unísono, siguen exigiendo: ¡Vives y libres nos queremos!

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*Por Redacción La tinta.

Gatillo Fácil en Altagracia

Otro caso de gatillo fácil en Córdoba, esta vez en Alta Gracia

La confusa versión oficial habla de un tiro accidental en medio de un forcejeo. Hay un efectivo detenido por el hecho.

Otro caso de gatillo fácil en Córdoba, esta vez en Alta Gracia

Luis Bel@tumbacarnero

Martes 1ro de septiembre | 21:23https://www.facebook.com/v8.0/plugins/like.php?app_id=803982259803110&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df224138c0c19328%26domain%3Dwww.laizquierdadiario.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laizquierdadiario.com%252Ff108a6d3e09028%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fwww.laizquierdadiario.com%2FOtro-caso-de-gatillo-facil-en-Cordoba-esta-vez-en-Alta-Gracia&layout=button_count&locale=es_LA&sdk=joey&share=true

El hecho ocurrió el lunes por la noche en barrio Paravachasca de esa localidad y por el mismo está detenido el sargento primero Marcelo Barrionuevo, quien está imputado por homicidio calificado.

Según versiones oficiales, una mujer y la víctima fueron detenidos en un control policial y se les habrían encontrado en el vehículo objetos robados. El hombre habría huido corriendo por un descampado, donde luego habría ocurrido el «accidente». Una versión con demasiados puntos confusos.

La causa está a cargo del fiscal Diego Fernández de la departamental Alta Gracia y en el lugar actuó la policía científica junto con personal de la justicia de Córdoba.

El jefe de la Departamental de Alta Gracia, comisario Ramón Romero, salió rápidamente a defender Barrionuevo, asegurando que lo ocurrido se habría tratado de un accidente y que el oficial a su mando «actuó a reglamento».

A menos de un mes del asesinato de Blas Correas en otro control policial, sucede este nuevo caso que estremece a la ciudad del departamento de Santa María, el sexto en la provincia durante el Aislamiento Obligatorio.

El detenido fue derivado al penal de Bower y todavía no se pudo determinar que lo elementos encontrados en el auto fueran robados.

En Chile la policía lanza gente al río

https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/03/denuncie-para-que-no-tiraran-a-nadie-mas-pero-volvio-a-ocurrir-el-estremecedor-relato-de-un-manifestante-arrojado-al-rio-mapocho/

A Pablo Marín Jara (38) también lo tiraron al Mapocho en plena represión. Fue hace menos de ocho meses y aquella noche salvó la vida de milagro gracias a dos jóvenes que lo encontraron, a la mañana siguiente, a un costado del río, sangrando y con las piernas quebradas. Este, es su testimonio.

«Cuando vi el video me puse a llorar, otra vez la misma pesadilla. A mí me tiraron en ese mismo lugar. Si caigo de cabeza muero altiro. Me quebraron las dos piernas. Quedé cojo, con muletas para todos lados. Tengo la columna resentida y un chichón para siempre. Quedé mal, me cuesta la vida ahora. Todo por culpa de los pacos». 

Con esas palabras Pablo Marín Jara (38), comenzó su relato de lo que le ocurrió el sábado 15 de febrero de 2020, cuando en el contexto de una manifestación, una acción de Carabineros lo lanzó al río Mapocho, como ocurrió este viernes con un joven de 16 años.

«Hace ocho meses, cuando me tiraron al Mapocho, decidí presentar la denuncia para que hubiera constancia y no volviera a pasar una cosa semejante. Lo terrible es que volvió a pasar. La diferencia es que esta vez lo vio todo el mundo», dice Marín. 

En Chile la policía lanza gente al río

«Ese sábado 15 de febrero de 2020 asistí a una manifestación en la Plaza Dignidad, como lo hacía casi todos los días. Llegué alrededor de las 4 de la tarde. A eso de las 20.30 decidí irme a casa. Vivía en Estación Central, así que decidí caminar por el Mapocho hacia abajo, para tomar locomoción en Metro Los Héroes, ya que desde allí pasaban micros para abajo, porque en la zona de la plaza Dignidad hacia Alameda el tránsito estaba cortado», relata Marín sobre el día en que fue víctima de esta brutal agresión. 

«Al caminar cerca del puente Mapocho, cerca del puente Pio Nono, hacia abajo había una cuadrilla de pacos de las Fuerzas Especiales, yo seguí caminando y en eso se acerca un uniformado y me dice «¿qué andai haciendo aquí?» y sin más me descarga en mi cara un spray lacrimógeno, creo que era gas pimienta. Me dejó ciego, di unos pasos más como pude y me senté en el suelo porque no veía nada y me ardía la cara, quedé totalmente cegado», complementa.

Luego, con Marín aún convaleciendo por el efecto de este gas, su entorno comenzó a agitarse, e intentó escapar de allí mientras se afirmaba de las rejas del borde del río Mapocho.

«No recuerdo exactamente cuantos minutos estuve ahí, sin ver y en el suelo, pero después la cosa empeoró, empecé a sentir gritos alrededor mío y gente corriendo. Los pacos estaban dando balazos de lacrimógenas y todo eso. Yo ahí sentí un miedo terrible y caminé apoyado al borde del puente Mapocho, en las rejas de protección. Trataba de abrir los ojos pero me ardía, no veía. Alrededor mío había como una guerra de gritos, disparos y se sentía el ruido del guanaco, cuando de un momento a otro me llega un chorro de agua del guanaco, con tanta fuerza que me volteó y me tiró hacia abajo del Mapocho«, recuerda Marín.

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Lo que vino después en cambio, no lo recuerda, ya que con la caída perdió la conciencia.

«Por la fuerza del agua supongo que caí de pie. Después de eso quedé inconsciente, con mis piernas rotas, desperté de madrugada, con mucho frío, con mucho dolor en mis piernas y espalda y en la cabeza tenía un hematoma y me sangraba. No podía pararme y pensaba: acá me voy a morir. Yo andaba sin celular y no tenía cómo comunicarme con nadie, grité pidiendo ayuda. Hasta que llegaron dos jóvenes y me ayudaron, llamaron al Samu y me rescataron con bomberos y me llevaron a la Posta Central», agrega en su estremecedor relato. 

Tras esto, «estuve más de un mes hospitalizado, con fierros en mis piernas, sin poder moverme, hasta que el 19 de marzo me operaron y pusieron fierros internamente. Quedé cojo. Y después con el Covid no pude hacer la rehabilitación. La intento hacer mediante videos y me ayuda mi cuñado a hacer ejercicios», explicó. 

Fotos: Pablo E. Piovano

«En la Posta Central lloraba de impotencia. Pensaba cómo pueden ser tan malos los pacos. No estaba haciendo nada, me iba a la casa tranquilo. Y tengo amigos que perdieron los ojos, otro con 25 perdigones en el cuerpo. En el hospital estuve al lado del cabro que lo aplastaron los zorrillos», relató además Marín sobre su experiencia en el centro asistencial. 

Finalmente, Marín sostuvo que además de las secuelas físicas, este tipo de accionar genera secuelas sicológicas, lo que podría explicar porqué la institución recurre a este tipo de acciones de tal grado de brutalidad, como forma de amedrentar a la sociedad.

«Quiero volver a la lucha. Pero quedé shockeado. Soy músico, sonidista y productor y hace poco me invitaron a la Radio Dignidad, iba a cantar y dar mi testimonio. Pero cuando vi a los pacos reprimiendo no me atreví.  Yo antes no tenía miedo. Y ahora cuando vi que tiraron a ese cabro, me puse a llorar. Me vinieron las lágrimas. Lo bueno es que está el video, lo tienen al paco. En mi caso aún no dimos con el video. Al que me tiró el gas pimienta si lo reconocería. Me acuerdo como si fuera ayer. Fue el que me jodió la vida», cerró.